La organización de nuestro país (gran poder concentrado en la persona del presidente) y la situación económica internacional (buenos precios para los productos uruguayos) hacían posible la acción de un MOVIMIENTO REFORMISTA IMPULSADO DESDE EL GOBIERNO. Así, durante sus presidencias, y en particular, durante los dos primeros años de la segunda (1911-1913), Batlle impulsó un fuerte movimiento de reformas que modificó profundamente el panorama social del país. Esta tendencia reformista provocó en algunos casos simpatías y alabanzas, y en otros, un fuerte rechazo.
Su pensamiento
Batlle dejó completamente de lado las ideas de coparticipación. Se proponía cumplir sus planes de gobierno con sus hombres y su partido. Esto se explica por un lado por la rivalidad que de tanto tiempo atrás enfrentaba a blancos y colorados, y por otro lado a la convicción, que sería imposible cumplir con su programa de gobierno si no lo llevaban a la práctica hombres que compartieran sus mismas ideas políticas.
Sufragio universal: creía que era necesario que todos los ciudadanos del país pudieran votar.
Ideas religiosas: fue un anticlerical (opuesto a la Iglesia). Desarrolló una idea muy negativa de las religiones y en especial de la católica a la que criticó duramente desde las páginas de “El Día”. Fruto de este anticlericalismo fueron una serie de medidas adoptadas: eliminación de los crucifijos de los hospitales, supresión de la enseñaza religiosa de las escuelas públicas, la ley de divorcio, etc.
La educación: para que la democracia fuera una realidad, Batlle estimaba necesario que el ciudadano fuera instruido. Para ello era fundamental que se extendiera la educación a los más amplios sectores sociales. Sólo el hombre culto y conciente podía ser un buen ciudadano.
El Estado: el Estado debía lograr la igualdad entre los hombres, pues representa a toda la sociedad. Protegería al más débil y corregiría las injusticias provocadas por las diferencias económicas y educativas entre los hombres. Para ello debería intervenir en la vida económica y social del país. Este criterio establecía además que los servicios públicos no podían quedar en manos de las empresas privadas, ni en manos de las empresas extranjeras, que extraían la riqueza de la nación para enviarla al exterior.
Latifundio: había que fraccionar los latifundios y difundir la agricultura para lograr dar ocupación a los habitantes del campo. Batlle entendía que se debía buscar fomentar junto a la ganadería, la agricultura como nueva fuente de riqueza.
La política económica
La acción del Batllismo se manifestó como una ampliación de la actividad del Estado en lo económico. La NACIONALIZACIÓN de empresas extranjeras que encaró, se dirigía fundamentalmente a aquellas empresas cuyos dueños residían fuera del país. Como consecuencia de la forma en que se realizó la modernización del Uruguay a fines del siglo XIX y del papel decisivo que jugó en ella la inversión de capitales extranjeros –principalmente ingleses- a comienzos del siglo XX, la mayor parte de los servicios públicos, los transportes, el comercio y la vida financiera, estaban en manos de empresarios extranjeros.
Frente a esta situación, Batlle buscó algunas veces que el Estado adquiriera la empresa, pero, en la mayoría de los casos, intentó crear empresas estatales competitivas con las extranjeras. Este tipo de medidas respondía en parte a la escasez de los recursos del Estado, que no podía pensar en la compra de grandes empresas. En este sentido la creación más espectacular fue la del BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO, en 1912, rompiendo el monopolio que tenían las empresas extrajeras.
Las ESTATIZACIONES, se dirigieron a limitar la acción del capital privado nacional. En ese momento se hallaba volcado fundamentalmente a la especulación financiera y bancaria, y en cierta medida a las industrias y servicios públicos. Algunas de las estatizaciones fueron en realidad formales, dadas las circunstancias en que se produjeron. En algunos casos, la actividad del Estado contribuyó a colmar vacíos dejados por el capital privado.
En una época en que se acostumbraba a ver al capital extranjero como un factor de progreso, el Batllismo hizo hincapié en la fuga de capitales que representaba para el país el envío al exterior de las ganancias de las empresas extranjeras, así como en la mediocre calidad de los servicios prestados por ellas. Al mismo tiempo comenzó a difundirse la idea de que el capital extranjero cuestionaba la soberanía nacional. Nacionalizaciones y estatizaciones pasaron a justificarse por una razón contundente: los organismos oficiales encargados de sustituir o complementar el capital privado o extranjero, mejoraron sensiblemente la calidad de los servicios y rebajaron su costo.
La legislación social
El amplio concepto de lo social que tenía Batlle explica, en parte, la amplitud y la diversidad de sus iniciativas en materia de legislación social y, aunque en su tiempo le valieron serios cuestionamientos, su aplicación marcó la sociedad uruguaya posterior.
Batlle partía de la base de que, en materia social, el acuerdo es siempre preferible a la lucha y de que, en ese acuerdo, el estado debía ser el árbitro. Ahora bien, Batlle tenía una particular concepción de ese arbitraje. Consideraba que, dado que las clases en conflicto no tenían las mismas fuerzas ni las mismas armas, el Estado debía ser un árbitro favorable a los “oprimidos del taller y del hogar”. Finalmente sostenía que el Estado tenía que promover reformas que evitaran conflictos y situaciones injustas.
La situación de la mujer, a la que Batlle incluía entre los “oprimidos del hogar”, fue objeto de varias iniciativas legislativas. Entre ellas, las que más revuelo provocó en la sociedad fue la LEY DE DIVORCIO (1913). Hubo también por parte del Batllismo, una preocupación por darle a la mujer otro perfil dentro de la sociedad. La creación de un liceo femenino (1912) se inscribió en un marco mucho más amplio de difusión de la educación, que incluyó la puesta en marcha de muchas Facultades y la creación de los liceos departamentales entre otras.
Mencionemos la preocupación que representaban para Batlle los ancianos, sobre todo los de escasos recursos. En un intento de paliar situaciones que consideraba de extrema injusticia social, se aprobó una ley de PENSIONES A LA VEJEZ, que se hacía extensiva a los casos de invalidez total si se trataba de indigentes.
Las iniciativas batllistas en materia de legislación laboral representaron también un punto de enfrentamiento con los sectores empresariales y conservadores de la sociedad. Las duras condiciones de trabajo de la época, habían creado el ambiente propicio para la formación de “sociedades de resistencia”, como se llamaban por entonces los sindicatos. La dureza de los enfrentamientos entre obreros y patrones desembocó frecuentemente en la huelga. Durante su primera presidencia, Batlle manifestó una tolerancia –insólita para la época- con respecto a los obreros en huelga. Cuando ocupó por segunda vez la presidencia, existía cierta expectativa en los obreros que guardaban un buen recuerdo de su actitud anterior.
En mayo de 1911, se desarrolló un conflicto entre las empresas tranviarias y sus obreros, que reclamaban la jornada laboral de 8 horas. Durante los 10 días que duró el conflicto, el gobierno asumió una actitud que fue entendida pro-obrerista. Un mes después de terminada la huelga tranviaria, el Poder Ejecutivo volvía a presentar un proyecto de ley que implantaba las OCHO HORAS DE TRABAJO.
La reforma constitucional
Durante la segunda presidencia de Batlle todavía estaba vigente la constitución de 1830. en los hechos, esa constitución no se adaptó exactamente a las necesidades y a la situación de nuestro país.
Después de la muerte de Saravia, los blancos canalizaron sus tradicionales reclamos de coparticipación y garantías electorales en el sentido de una reforma constitucional. Al sumarse la iniciativa batllista, se logró el ambiente propicio para encaminarse hacia la tan ansiada reforma.
En 1913, Batlle comenzó a publicar sus ideas acerca de la reforma constitucional, que significaban una modificación mucho más profunda a la estructura política: separaba la Iglesia del Estado, creaba estructuras legales para administrar las empresas del Estado, y sustituía al presidente de la República por un Poder Ejecutivo COLEGIADO compuesto por 9 miembros.
El proyecto batllista no fue bien visto. Las innovaciones causaban rechazo, y no aparecían algunas (como el voto secreto) de las largamente anheladas por los blancos. Para ellos, el proyecto era un mecanismo para perpetuar al Partido Colorado en el poder. Para muchos colorados, en cambio, el proyecto dejaba la puerta abierta a los blancos para llegar al Poder Ejecutivo.
La presentación del proyecto desató una tormenta política y provocó la oposición del Partido Nacional y de un importante sector del Partido Colorado, que se declararon ANTICOLEGIALISTAS. De ahí en más, la lucha política se centró entre colegialistas y anticolegialistas.
Los argumentos anticolegialistas eran los siguientes: el colegiado sería un órgano que funcionaría muy lentamente y se demoraría mucho en resolver aquellos asuntos que requerían decisiones rápidas. Sería además un organismo muy caro para el Estado, no sólo por sus 9 miembros, sino también por todas las secretarías que habrían de crearse para cada uno de ellos.
Para 1916 –Batlle ya no era presidente- la coyuntura había variado sustancialmente. La caída de las exportaciones de 1913-14, provocada por el comienzo de la Primera Guerra Mundial, desfinanció al Estado. La aprobación de la ley de 8hs., el descanso semanal, las pensiones a la vejez, la gratuidad de la enseñanza secundaria, el reconocimiento del 1º de mayo como Día de los Trabajadores, profundizaban la acción social de estado, pero como se combinaron con el aumento de los impuestos rurales y al consumo, no despertaron la adhesión esperada, sino más bien cierta apatía en las clases populares y una violenta reacción de la clase alta rural. De esta manera, todos los que se oponían a Batlle encontraron, en el tema de la reforma constitucional, la forma de canalizar sus discrepancias con el batllismo.
La elección de la Convención Constituyente (encargada de redactar la nueva constitución) se transformó en una especie de evaluación de la obra de Batlle. La elección se realizó el 30 de julio de 1916 y fue la 1ª con voto secreto. Como resultado, volvió a triunfar el Partido Colorado, pero en el plebiscito por el colegiado los anticolegialistas obtuvieron la mayoría. Los blancos votaron en bloque contra el proyecto al igual que la Unión Cívica y un sector importante de Partido Colorado. Los batllistas sólo contaron con el apoyo del Partido Socialista.
Recién en 1917 se completó la elaboración de un proyecto constitucional satisfactorio tanto para los batllistas como para los blancos. La nueva propuesta constitucional terminó siendo el resultado de una negociación directa entre ambos sectores. La nueva constitución se aprobó en 1918 y entró en vigencia en 1919.
